Los terribles problemas actuales del código penal español
No es un secreto para nadie que el código penal español, desde hace mucho tiempo, viene atravesando una crisis profunda. Los principales inconvenientes están relacionados con la falta de sanciones y la poca visión y alcance que tiene para hacer que la ley se cumpla cabalmente.
Inclusive, en repetidas ocasiones, juristas que están estrechamente ligados con el código penal, han aseverado tanto a puerta cerrada como al público en general que en el código penal español reina la desobediencia, la mentira y la malversación de información y de fondos que deben ser destinados a las labores relacionadas con la urbe española.
Por qué el código penal español es ineficaz
Las respuestas a esta interrogante proviene de diversos factores que juegan un papel importante en su contexto específico.
- Muchas veces el aparato constitucional del país se ve violentado debido a un problema que girar en torno a la falta de orden a nivel judicial; lo cual afecta directamente todas las relaciones ligadas con el orden constitucional español.
- Otra grave inconsistencia se encuentra en lo concerniente al Estada de Derecho. Este organismo no tiene al día y en regla todo lo relacionado con el ordenamiento del aparato constitucional.
- De igual manera el código penal nunca ha sido lo suficientemente consistente como para tener un peso importante en el país. En repetidas ocasiones se mantenía a raya en todos los problemas que emergían paulatinamente.
- El Estado de Derecho suele ser otro factor importante debido a que el código penal jamás lo ha aprovechado de forma correcta y exhaustiva.
Una mirada al futuro
Bastará con echar un vistazo al pasado y al presente del código penal español. Mientras el estado no convenga en, verdaderamente, ordenar y poner en funcionamiento real la estructura legal de país, las leyes procesales y sus derivados no podrán brindar al código penal el sustento que necesita para ponerse en marcha correctamente. Parece pues que los cambios más importantes a realizar son reestructurar el delito de desobediencia a los tribunales e implantar una cultura nacional legítima.
